El CISAC expulsa a la SGAE de su Asamblea General durante un año
Representantes de los Colegios de Gran Derecho y Audiovisuales piden la dimisión de la Presidenta
Se enfrenta a multas millonarias por la gestión de los Derechos de Propiedad Intelectual

La Asamblea General del CISAC (Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores) ha anunciado su intención de expulsar a la SGAE de la misma durante el periodo de un año. Esta decisión se votaba tras el análisis de un procedimiento sancionador contra la SGAE que se inició el pasado mes de diciembre. Proceso que se puso en marcha tras las numerosas acusaciones de “tratamiento discriminatorio de los autores” y “prácticas injustas relacionadas con la distribución de royalties“.

El mediático caso conocido como “La Rueda”, salpicó a la institución tras darse a conocer el favoritismo sobre determinados artistas y medios de comunicación cuyas piezas eran reproducidas en la programación nocturna, lo que generaba grandes pagos de royalties tanto a los compositores como a los canales de TV que aparecían como las editoriales titulares de los derechos de esas canciones.

La CISAC recibió con buenos ojos los pasos tomados recientemente para mejorar la situación, tras el envío a la Sociedad española de una serie de propuestas de cambio. Sin embargo, consideran que el camino correcto hacia una solución duradera es asegurarse que estas reformas sean ejecutadas, respaldadas totalmente por la Asamblea General de SGAE e implementadas de forma significativa por la Sociedad.

Dicha sanción, anuncia CISAC, podrá ser ajustada o levantada en cualquier momento, tan pronto como su Junta Directiva considere que se haya logrado el progreso suficiente en la implementación de las reformas requeridas.

 

MIEMBROS DE LA JUNTA BUSCAN UNA ESCISIÓN DE LA SGAE

Este hecho ha provocado una reafirmación de la brecha en el seno de la Organización. 13 miembros de la Junta de la SGAE firmaban a finales de la pasada semana un manifiesto pidiendo la dimisión de la actual presidenta Pilar Jurado. Este bloque opositor lo conforman autores que concurrieron a las últimas elecciones bajo la candidatura de Autores Dramáticos y Audiovisuales (ADA), quienes piden a su vez una “segregación de los Colegios de Gran Derecho y Audiovisuales en una nueva entidad”.

Resulta llamativo que entre los firmantes se encuentren dos de los cuatro vicepresidentes de la entidad, Fermín Cabal y Antonio Onetti, quienes alegan que ‘nos acaban de echar de la CISAC cuando no tenemos nada que ver’ para justificar sus deseos de escisión. ‘El principal motivo de la expulsión de la SGAE es el desajuste en los repartos causado por la rueda, un tema que atañe al colegio de Pequeño Derecho, el de los músicos, y donde nada tiene que ver Gran Derecho ni Audiovisuales’.

Como respuesta al manifiesto, Pilar Jurado emitía un comunicado aclarando sus puntos de vista sobre todo lo acontecido en las últimas horas. La Presidenta se defiende alegando que la información que se ha emitido en los medios sobre la expulsión de la CISAC es ‘errónea e insuficiente‘ a la vez que se lamenta del deseo de ruptura por parte de Gran Derecho y Audiovisuales ya que supondría ‘una pérdida de capacidad de influencia de los autores de dicho Colegio‘.

 

MULTAS MILLONARIAS POR LA MALA GESTIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Por si fuera poco, en las últimas horas se publicaba que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) multaba a la SGAE con 2,9 millones de euros, acusándola de “un abuso de su posición de dominio en la gestión y explotación de derechos de propiedad intelectual“. Multa que llega tras abrirse una investigación en 2017 tras las denuncias de diferentes entidades de Derechos de Autor.

La SGAE era acusada de imponer condiciones estatutarias y contractuales que obligaban a sus socios a entregarles la gestión de la totalidad de sus derechos de propiedad intelectual y no sólo de una parte. De igual manera, en la denuncia consta un abuso en la concesión de autorizaciones y remuneración de los derechos de reproducción y comunicación pública de las mismas.

Dicha sanción se suma a otra anterior de más de 3 millones de euros, impuesta por el Tribunal Supremo, por las condiciones abusivas aplicadas a promotores musicales en sus tarifas.

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